Todos queremos acortar las brechas sociales y promover el acceso a oportunidades más justas y equitativas en nuestro país. Creemos que es necesario que el Estado regule y promueva especialmente a quienes tienen ventajas una cuota menor de poder.

Reconocemos el vital rol que cumplen los sindicatos, los que bien inspirados y gestionados de manera profesional, son una eficaz herramienta para representar  los intereses de todos los trabajadores.  En dicho sentido, estamos a favor del perfeccionamiento constante de nuestra legislación laboral, siempre y cuando ésta recoja toda la amplitud y matices de la realidad que encontramos en el mundo de la empresa y del trabajo.

Hay consenso respecto de que sin un piso de confianza y solidaridad es difícil lograr relaciones laborales armónicas y condiciones laborales justas. Debemos entonces fijarnos si la actual reforma apunta a lograr aquello. A nuestro juicio y en base a lo que hoy se conoce del proyecto, es probable que el desmedido empoderamiento de los sindicatos termine por acrecentar los conflictos no sólo entre empresa y sindicatos, sino que sobre todo, entre los mismos trabajadores. 

Si bien hay empresas que cuentan con sindicatos sólidos, serios y altamente representativos  (sobre todo en compañías grandes), en muchas otras, la pyme por ejemplo, o empresas que tienen sindicatos pequeños, estas medidas pueden ser contraproducentes.  Claro, si un sindicato es pequeño o existen varios en una empresa, es innegable la falta de representatividad que tienen. No todos los trabajadores que no se afilian lo hacen por comodidad. Hay muchos quienes no están de acuerdo con el estilo de liderazgo de sus dirigentes o con los favoritismos que a veces los mismos sindicatos promueven, o bien consideran que éstos sirven mejor intereses ideológicos de que los intereses  de los trabajadores. ¿Qué sucederá en esos casos? Los trabajadores perderán la libertad de afiliarse o desafiliarse cuando lo estimen conveniente, derecho por lo demás consagrado por la OIT. 

La eliminación de los grupos negociadores, para entregar esta facultad exclusivamente al sindicato (titularidad sindical), así como el goce automático de beneficios pactados a los trabajadores sindicalizados únicamente,  hará virtualmente imposible la no pertenencia al sindicato, dado que éste tendrá la facultad para definir si se extienden los beneficios a los no sindicalizados. Esta reforma pide que los trabajadores entreguen en manos de los dirigentes sindicales, su propia autonomía y capacidad de decisión, respecto de sus condiciones laborales y su futuro profesional. Esto atenta contra la libertad individual y la relación directa con su empleador. Como también lo sería  la norma que impediría el “descuelgue” del trabajador  en caso de huelga. 

Se postergan desafíos importantes, como mejorar los índices productividad (que hoy alcanza la mitad del promedio de la OCDE), algo muy ligado a la educación y la capacitación. Tampoco se abordan estrategias para la creación de más y mejores empleos, tanto para los que ya lo tienen, como para quienes por diversos motivos no han logrado insertarse en el mercado laboral; así como para promover la participación laboral de Adultos Mayores y de personas con capacidades diferentes. La capacitación de dirigentes sindicales también debiera ser un pilar a desarrollar con más fuerza, para contar con sindicatos preparados y altamente profesionales. 

Valoramos que el proyecto incluya un programa de capacitación de jóvenes y mujeres, que no estudian ni trabajan, con su posterior inclusión en el mercado laboral. Esperamos que en la etapa de discusión en el Congreso, se incluya la experiencia, necesidades y expectativas de todos los actores que se verán más impactados por esta reforma: empresarios del mundo pyme, trabajadores organizados de diversas maneras (la mayor parte de los sindicatos no están afiliados a alguna central de trabajadores)  y  expertos negociadores. 

José Antonio Garcés, past president USEC.
Publicación: Diario Financiero, miércoles 8 de abril de 2015.