20 Feb 2023

Incendios, seguridad pública y solidaridad – Francisco Jiménez

El país está siendo azotado desde inicios de mes por cientos de incendios forestales desde Valparaíso hasta Los Ríos, con casi medio millón de hectáreas consumidas por el fuego, miles de viviendas destruidas y más de siete mil damnificados. Como señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá, a poco comenzar el incendio: “En cinco días, hemos tenido una superficie quemada equivalente a dos años de incendios”.

El drama humano detrás de estos actos, que mayoritariamente son intencionales, y que han costado la vida de 25 personas y pérdidas materiales enormes, continuará más allá de cualquier reconstrucción posible. Es necesario investigar las responsabilidades y aplicar la ley, así como revisar todos los procedimientos y políticas de prevención de incendios.

Coincidimos con el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen, en que el tema de fondo es la inseguridad pública y que “hoy el Estado no es capaz a través de las instituciones existentes de cumplir con su obligación de entregar la seguridad que todas las personas necesitamos”.

Según la encuesta CADEM de inicios de mes, el 82% de la población considera la inseguridad pública como el principal problema del momento. Esto da cuenta de una gran falla del Estado, ya que el orden público es una responsabilidad indelegable de éste; por eso, debe poner en primera prioridad su recuperación, más allá de cualquier proyecto de ley. Sin orden público, no hay proyecto que pueda ser desarrollado, ni sociedad que progrese.

Por otra parte, estas catástrofes sacan la mejor cara de los chilenos: esa solidaria, que nace desinteresadamente desde los corazones de buena voluntad y dedica sus esfuerzos al servicio de quienes más lo necesitan, con efectividad y carácter de urgencia, que complementa al Estado en su función de asistencia.

Aquí aparece la sociedad civil: ya vemos la acción de fundaciones, organizaciones gremiales, juntas de vecinos, Iglesias, bomberos y, también, empresas, entre tantas otras organizaciones que dan vida a la sociedad. En USEC entendemos a las empresas con una responsabilidad cívica: no son actores aislados, sino que deben hacerse parte de las comunidades donde se ubican y más allá, según sus posibilidades, haciéndose corresponsables del tejido social.

Como sostuvo el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en su reunión con el Presidente Gabriel Boric, “el trabajo público-privado es la única manera que nos va a permitir seguir adelante”, y puso al principal gremio del país “a disposición del gobierno para fortalecer la ayuda”. Un caso concreto es lo que están haciendo en esta emergencia las empresas, por su propia iniciativa o a través de la acción gremial (CPCCChCCorma, etc.).

La acción de los privados –con y sin fines de lucro– no sólo debe promoverse por razones de eficiencia frente al Estado, sino porque están más cerca de las urgencias sociales. Justamente, una recta comprensión de los principios de subsidiaridad y solidaridad favorece una sociedad civil robusta, al servicio del bien común y centrada en la dignidad de la persona humana, como señalamos en tres columnas el año pasado (aquíaquí aquí).

Este tema es relevante en medio de la renovada discusión constitucional. La visión de solidaridad y subsidiaridad que se consagre en el futuro texto no es indiferente. El texto que fue rechazado en septiembre del año pasado limitaba erróneamente el rol de la sociedad civil, cuando debiese ser exactamente lo opuesto, asegurando la multiplicación de iniciativas privadas al servicio del bien común, lo que nunca debe ser visto como una sustitución del rol que le compete al Estado.

Columna publicada el domingo 19 de febrero en El Líbero.