Como hemos visto, el proceso constitucional ya ha entrado en tierra derecha, con los consejeros constitucionales trabajando las necesarias enmiendas al anteproyecto, y con las distintas actividades orientadas a promover la participación ciudadana durante el proceso, a través de las consultas de participación, los diálogos ciudadanos, las iniciativas populares de norma y las audiencias públicas.

Como USEC expusimos en una de las audiencias públicas, donde María Cristina Marcet, directora ejecutiva, presentó nuestra propuesta sobre la necesidad de promover y  fortalecer “El rol público de la empresa en la construcción del tejido social en Chile”, en el proyecto de Constitución que votaremos a fines de este año.

Nuestra experiencia nos muestra que hay pocas organizaciones que se asemejan a la empresa en lo que se refiere a su dimensión social. Tanto su composición interna como las personas y organizaciones con que se relacionan, la hacen una versión más pequeña de la sociedad, un “Chile chico”. La empresa es una comunidad de personas, que trabaja por el bien de sus integrantes y de sus públicos interesados. En ese sentido, las empresas tienen la capacidad de “generar un impacto positivo en la sociedad más allá de sus actividades comerciales que le son propias, participando activamente de las soluciones para nuestra sociedad”.

Inspirada en el documento “Trabajo, empresa y nueva Constitución: Una mirada desde el humanismo cristiano”, que publicamos este año, nuestra exposición planteó “la necesidad de promover y fortalecer” el rol de la empresa privada “en la obtención del bien común y el desarrollo integral de las personas”. Esto supone resguardar “la autonomía de los cuerpos intermedios”, como ya lo hacen la Constitución vigente y el anteproyecto, “pero dar un paso más allá”: reconocer que la empresa es un actor público, porque el bien común “no es tarea exclusiva del Estado”.

Para esto es “necesario pasar del ‘dejar hacer’ al ‘promover’ las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad empresarial privada”, porque la empresa es una institución “fundamental en la construcción del tejido social”, por un lado, “y en el desarrollo material, espiritual y cultural de las personas”, por otro: en su interior, “las personas adquieren virtudes, se forman y capacitan, para servir mejor a los demás”. “La empresa contribuye no sólo al desarrollo material de sus propios trabajadores y sus familias, sino que también al crecimiento económico, social, cultural y espiritual del país”.

En el proceso constitucional, uno de los debates fundamentales ha sido el de quién debe proveer los derechos sociales, el Estado o el sector privado. Tanto las bases constitucionales como el articulado del anteproyecto reconocen que el Estado Social y Democrático de Derecho se sostiene en su provisión mixta. Estos ámbitos “no son actividades meramente económicas, plausibles de ser realizadas indistintamente por el Estado o las empresas privadas, sino que se relacionan con el desarrollo integral –material, cultural y espiritual– de las personas y las familias”. Esto hace “más adecuado que sean las organizaciones más cercanas a dichas familias, como son las empresas, las que se hagan cargo de esas funciones”.

Como hombres y mujeres de empresa asociados en USEC, creemos que el Estado no sólo debe resguardar la libre iniciativa económica, sino que “fomentar la asociatividad y el desarrollo emprendedor», como instancias llamadas a buscar al bien común y coordinar los esfuerzos de la iniciativa privada, lo que se traduce en una sociedad civil robusta y dinámica, donde el Estado reconoce y promueve el rol público de la empresa en la construcción del tejido social.

Columna publicada el domingo 9 de julio de 2023 en El Líbero.