“En reiteradas oportunidades hemos señalado que este proyecto de ley deja afuera otras materias más apremiantes, como son facilitar el ingreso al mercado laboral de mujeres y jóvenes. Son ellos los que podrían tener un gran vuelco en sus vidas y las de sus familias…”

Se encuentra próxima la fecha que el Ejecutivo y los senadores tienen para presentar sus indicaciones al proyecto de ley de reforma laboral, para que el Senado continúe analizando en segundo trámite constitucional este discutido proyecto, en los momentos en que la situación económica externa e interna enfrenta serios problemas, sin que se vislumbre un repunte de la inversión, única forma de retomar la senda del crecimiento que el país reclama.

Es en este ambiente que el país requiere que el Gobierno con sus ministros guíe un proceso que permita superar el actual entrampamiento e inmovilismo, dando muestras de liderazgo que permitan recomponer esas confianzas y recuperar el tiempo perdido. Para ello, la reforma laboral en discusión debe incluir normas que establezcan los equilibrios entre las partes, reconociendo que los sindicatos son una valiosa forma, pero no la única, que tienen los trabajadores para organizarse. Con igual fuerza, debiera validarse el ejercicio de los derechos de cada individuo, sea para ingresar, salirse o permanecer fuera de un sindicato, sin que por ello pueda sufrir un menoscabo en sus remuneraciones o en sus condiciones de trabajo. La dirigencia sindical es importante y, por ello, es necesario establecer escuelas de formación sindical, donde los criterios ideológicos sean dejados a un lado y se reemplacen por otros, que incluyan la búsqueda de metas de interés común a toda la empresa, sin separaciones ni diferencias entre los que trabajan bajo el mismo techo.

Las disposiciones en la actual discusión apuntan en sentido contrario, intentando lograr un desequilibrio en favor de los sindicatos y resaltando las desconfianzas, para culminar con huelgas que enrarecen las relaciones laborales, afectan el clima de armonía y convivencia que debiese imperar, y pueden prolongar artificialmente los conflictos con las divisiones que ello trae consigo. Esto se complica aún más si son exclusivamente los dirigentes sindicales quienes, por disposición de este proyecto de ley, deben pronunciarse sobre las propuestas del empleador, despojando de este derecho a la asamblea de todos los trabajadores en huelga, la que por aplicación de un principio de sana democracia sindical es la que debiese estar dotada de esta importante facultad.

Asimismo, con las normas hasta ahora contenidas en esta iniciativa, es altamente probable que una huelga cause un daño mayor en la empresa sin que haya una proporcionalidad entre la petición y la huelga misma, lo que puede afectar severamente a la empresa comprometida, a sus trabajadores, proveedores y clientes. Para evitar estos perjuicios, es conveniente que nuestras autoridades tengan presentes las normas vigentes hoy en la gran mayoría de los países de la OCDE, que posibilitan a la administración de una empresa trasladar transitoriamente a otras tareas a trabajadores de la misma compañía que no están involucrados en la huelga.

En reiteradas oportunidades hemos señalado que este proyecto de ley deja afuera otras materias más apremiantes, como son facilitar el ingreso al mercado laboral de mujeres y jóvenes. Son ellos los que podrían tener un gran vuelco en sus vidas y las de sus familias si se eliminaran barreras o se adoptaran disposiciones de adaptabilidad que les permitan trabajar y cuidar a sus hijos o estudiar. También hemos planteado la importancia de introducir fuertes mejoras al sistema de capacitación, cuyo diagnóstico nos indica la urgencia de su puesta al día.

Pero, en vez de discutirse estas iniciativas en el Parlamento y de medir con seriedad las consecuencias de la reforma en discusión, se presentan y se mueven nuevos proyectos de ley de carácter laboral, como es la moción parlamentaria sobre subcontratación. ¿Es hoy el mejor momento para abrir este nuevo debate? Se llega incluso a leer en la prensa que este proyecto se emplearía como medida de presión al Gobierno en medio de las intensas gestiones que se realizan para avanzar de la mejor forma posible con la reforma laboral.

Con responsabilidad y con el conocimiento real que tenemos del mundo del trabajo, pedimos al Gobierno y a los parlamentarios introducir las mejoras que este proyecto requiere para no causar un daño al buen funcionamiento de las empresas, evitando los consecuentes perjuicios al empleo, el crecimiento y la calidad de vida de las personas. Nuestro país merece que prime un diálogo racional, técnico y franco, donde cada parte sea escuchada, ponderando sus argumentos. Atendamos las palabras que ha pronunciado el ministro Nicolás Eyzaguirre, que refuerzan la importancia de este diálogo.

Alberto Salas M. Presidente Confederación de la Producción y del Comercio 
Publicación: El Mercurio, jueves 10 de septiembre de 2015.