Es dudoso que la fórmula alcanzada para tranquilizar a los senadores oficialistas que se oponen a la prohibición absoluta de reemplazo interno en caso de huelga resuelva el problema que generará esa interdicción contenida en la reforma laboral en discusión.

En efecto, se abrió una posibilidad de que en caso de huelga las empresas tengan un mayor espacio para ajustar el funcionamiento de sus operaciones en ese escenario de conflicto laboral. Así, el Ejecutivo introdujo una indicación que le permite al empleador “Modificar los turnos u horarios de trabajo, y efectuar las adecuaciones necesarias con el objeto de asegurar que los trabajadores no involucrados en la huelga puedan ejecutar las funciones convenidas en sus contratos de trabajo”. La ardua negociación dentro de la propia coalición gobernante cristalizó en un lenguaje confuso, cuya aplicación, probablemente, en muchas ocasiones terminará judicializándose con acusaciones de vulneración de la prohibición de reemplazo. Con todo, el desenlace es lamentable. En la mayoría de los países desarrollados, salvo unas pocas excepciones, está asegurada la posibilidad de reemplazo; incluso, en la mayoría se permite el reemplazo externo. La explicación de este fenómeno no hay que buscarla en que esos países sucumbieron a la presión de los grupos empresariales. Más bien, esta práctica obedece a que esta política no es buena para los países y tampoco para los trabajadores.

La falta de atención a la evidencia comparada y los desarrollos que han ocurrido en los mercados del trabajo de los países más avanzados en las últimas décadas se nota en otros aspectos en los que se ha mantenido la posición inicial del Ejecutivo como, por ejemplo, en la obligación que tendrá el empleador de contar con la venia de los sindicatos para extender los beneficios de la negociación colectiva o la obligación para las micro y pequeñas empresas para negociar con sindicatos interempresas, siempre que ellas sean de similar tamaño. La primera de estas prácticas no está presente en los países más desarrollados y tampoco se intenta fomentarla. Puede conducir inadvertidamente a un potencial antagonismo entre trabajadores según si adhieren o no al sindicato. Los climas laborales en nuestro país, de acuerdo con lo que se desprende de la última encuesta laboral realizada por la Dirección del Trabajo (Encla), son positivos. Sería contraproducente que una política mal pensada los afectara. Por cierto, como han advertido senadores como Andrés Allamand, no hay que descartar que esta medida sea, además, inconstitucional, porque afecta la libertad de los empleadores para gestionar sus organizaciones.

En cuanto a la negociación interempresas, ha existido una tradición en los países más desarrollados, particularmente los europeos, de negociaciones más centralizadas (algo que también se observa en algunos países latinoamericanos siendo quizás Uruguay el ejemplo más emblemático). Pero la obligatoriedad se extinguió hace tiempo. Por ejemplo, Suecia en la década de los 80 permitió que las empresas pudiesen descolgarse y negociar individualmente. Aún existe la posibilidad de que las negociaciones sean interempresas, pero la participación en esos procesos es voluntaria. La competencia que acarrea la globalización, la heterogeneidad en las productividades de empresas y los efectos diferenciados de los ciclos económicos, entre otros factores, explican que la proporción de trabajadores que negocia centralizadamente sea cada vez menor. Un caso emblemático puede ser Irlanda, donde hace tres décadas más del 50 por ciento de los trabajadores negociaba centralizadamente y ahora lo hace cerca del 5 por ciento.

La reforma laboral, más allá de los cambios introducidos con las últimas indicaciones, difícilmente va a ser un aporte a la productividad de Chile. La anima la convicción política, sin fundamentos empíricos, de que el fortalecimiento de los sindicatos contribuirá a la igualdad. No deja de ser paradójico que se apruebe precisamente en el año de la productividad y en momentos en que comienzan a manifestarse crecientemente los efectos de la desaceleración económica que sufre el país. 

Publicación: El Mercurio, viernes 4 de marzo de 2016.