La incapacidad de una sociedad para generar trabajo digno para sus ciudadanos constituye un grave problema moral y social. No es solo una deficiencia económica sistémica: afecta directamente la dignidad de la persona, la estabilidad de la familia, la paz social, la natalidad, la esperanza de los jóvenes y, finalmente, el bien común de toda la nación.

Juan Pablo II enseñó que el trabajo humano es «una clave, quizá la clave esencial, de toda la cuestión social» (Laborem exercens, 3). El trabajo es la vocación originaria del hombre desde antes de la entrada del pecado en el mundo. El Edén era «para que lo cultivara y lo cuidara» (Gn 2,15). Este texto es fundamental para comprender la visión cristiana del trabajo. El pecado lo que introduce es la fatiga, el sufrimiento y la dificultad: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan» (Gn 3,19). Esta visión cristiana permite comprender que un sistema que priva a una persona de la posibilidad de trabajar significa dificultar el desarrollo de una dimensión esencial de su vocación humana.

El crecimiento económico es necesario. La inversión es necesaria. La actividad empresarial es necesaria. Pero todas estas realidades encuentran su justificación última cuando contribuyen al desarrollo integral de las personas y de la sociedad.

Estas reflexiones adquieren una especial fuerza en este Mes de la Solidaridad, que la Iglesia en Chile vive inspirada en el testimonio de San Alberto Hurtado. Él comprendió que la verdadera solidaridad no consiste únicamente en socorrer al necesitado, sino también en construir una sociedad donde cada persona pueda ganarse dignamente el sustento de su familia mediante su propio trabajo. Por eso repetía con fuerza: «La caridad comienza donde termina la justicia». Y recordaba también que «El trabajo dignifica al hombre», porque mediante él la persona desarrolla los talentos recibidos de Dios, sirve a los demás y coopera en la obra de la creación.

Las cifras actuales de empleo son muy malas. Las conocemos. Chile enfrenta un problema laboral que no puede ser considerado solamente como una dificultad coyuntural ni reducido a la discusión entre especialistas en economía. Además, está la informalidad laboral, que también conocemos. Las consecuencias que ello tiene respecto de la estabilidad, la seguridad social, las cotizaciones previsionales y la protección de las familias son evidentes. Por eso, el aumento del desempleo y la informalidad no puede dejarnos indiferentes.

Una de las primeras víctimas de la falta de trabajo es la familia: dificulta la formación de nuevas familias, retrasa el matrimonio, desalienta la llegada de los hijos, produce tensiones entre los esposos y obliga muchas veces a las personas a emigrar o alejarse de sus hogares. Cuando aumenta la incertidumbre, se retrasan las decisiones fundamentales de la vida. Cuando los jóvenes no pueden construir un proyecto estable, disminuye también la esperanza de formar una familia y tener hijos.

Crear trabajo: esta es la gran tarea de nuestros políticos. Ellos son los llamados a descubrir las políticas públicas y poner bases jurídicas y laborales que afirmen el empleo. Ante un problema tan grave, sería injusto y simplista atribuir toda la responsabilidad a un solo sector de la sociedad. Todos somos responsables.

En primer lugar, tienen una grave responsabilidad los gobernantes y quienes elaboran las políticas públicas. El Estado no tiene que proporcionar directamente un empleo a cada ciudadano, pero debe crear las condiciones para que el trabajo pueda surgir y desarrollarse. Cuando existen políticas económicas equivocadas, inestabilidad jurídica, burocracia excesiva, corrupción, despilfarro de los recursos públicos o una carga desproporcionada sobre quienes crean puestos de trabajo, las consecuencias terminan recayendo sobre los más débiles. La primera responsabilidad de los gobernantes consiste, por tanto, en favorecer una economía estable, promover la inversión, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, facilitar el emprendimiento y garantizar reglas claras y permanentes.

En segundo lugar, tienen una especial responsabilidad los empresarios y quienes poseen capital y capacidad de inversión. La Iglesia reconoce la importancia de la iniciativa privada y de la actividad empresarial. El empresario no es solamente un administrador de capital. Su actividad posee también una dimensión social. Quien tiene la posibilidad de invertir, producir y crear puestos de trabajo presta un verdadero servicio al bien común. La legítima búsqueda de beneficios no puede ser el único criterio de la actividad económica. En tiempos de crisis, el justo afán de ganancias puede ceder, al menos temporalmente, ante la necesidad de preservar los puestos de trabajo y el bienestar de tantas familias que dependen de ellos.

En tercer lugar, existe una responsabilidad del sistema educativo y de las instituciones de formación. Es un fracaso educar para trabajos que ya no existen o cuando existe una separación entre la formación recibida y las necesidades reales del país. Las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y establecimientos educacionales deben preguntarse permanentemente si están preparando adecuadamente a los jóvenes para incorporarse al mundo del trabajo. O si estudian para luego no encontrar donde trabajar.

En cuarto lugar, existe también una responsabilidad de los propios trabajadores y ciudadanos, que lleva a cuidar los trabajos que ya se tienen, perfeccionarse constantemente, emprender cuando sea posible y procurar que las legítimas demandas laborales no terminen debilitando las fuentes de empleo o comprometiendo la viabilidad de las empresas.

¿Qué debemos hacer? Lo primero es poner la creación de trabajo digno como prioridad nacional. No basta con administrar el desempleo mediante ayudas económicas que pueden ser necesarias en momentos de dificultad, pero nunca pueden reemplazar el trabajo. La mejor política social es la que permite encontrar un trabajo digno y sostener la familia.

Por eso, es necesario crear condiciones favorables para la inversión y el emprendimiento. Es necesario apoyar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que generan una parte importante del empleo. Es necesario disminuir las trabas burocráticas innecesarias. Es necesario asegurar estabilidad jurídica. Es necesario favorecer la incorporación de los jóvenes al mundo laboral y ayudar a las mujeres a conciliar trabajo y vida familiar. Se necesita promover empleos compatibles con la maternidad y la paternidad e impulsar el desarrollo de las regiones, evitando la excesiva concentración de las oportunidades laborales. También es necesario promover una verdadera cultura del trabajo, entendiendo que trabajar no es solamente producir riqueza, sino servir a la sociedad y realizar la propia vocación.

En este Mes de la Solidaridad, encomendemos especialmente a Dios a quienes hoy buscan un trabajo y no logran encontrarlo; a quienes viven con el temor de perder el que tienen; a los emprendedores y empresarios que, con creatividad y responsabilidad, generan nuevas fuentes laborales; y a las autoridades, para que sepan adoptar las decisiones que Chile necesita. Que, siguiendo el ejemplo de San Alberto Hurtado, hagamos de nuestro país una comunidad donde nadie quede excluido de la posibilidad de trabajar, sostener a su familia y vivir con la dignidad propia de hijo de Dios.

El trabajo es dignidad humana. Es estabilidad para las familias. Es responsabilidad social. Es posibilidad de formar una familia y educar a los hijos. Es participación en el bien común. Y, finalmente, es esperanza en el futuro de Chile.