Entrevista a Luz Didier, socia de USEC, en La Segunda el lunes 20 de julio de 2026. Aquí puedes acceder a la entrevista completa.

La abogada y consejera de la Sofofa dice que “lo importante es darle certeza al inversionista nacional y extranjero de que no va a venir un cambio político y modifiquen el régimen tributario”.

Paula Modiano

Abogada, magíster en Derecho Ambiental de la U. del Desarrollo y directora de la empresa de robótica SK Godelius —filial de Sigdo Koppers— Luz Didier es parte de una camada de jóvenes empresarios que están incorporando otra mirada al mundo privado, de la mano de las nuevas tecnologías, la innovación y la sustentabilidad. A sus 36 años es la consejera más joven en la historia de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) a la que se integró en su última elección con una alta votación.

Como miembro de la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC) también la definen los principios basados en la doctrina social de la iglesia: poner en el centro de la actividad empresarial el bienestar de las personas. Hoy esa meta, dice, genera un consenso dentro del sector productivo.

“El gran desafío de las compañías modernas es combinar los resultados económicos y financieros con un propósito social claro y no solo de quienes forman parte de ella, sino también de las comunidades donde se opera o de los proveedores”, afirma.

Y agrega: “La rentabilidad es necesaria para que las empresas puedan reinvertir y generar empleos. Pero esa sostenibilidad financiera tiene que ir junto a un acompañamiento a las personas”.

—¿Y cómo se materializa eso?

—Si estamos hablando de grandes empresas el entorno importa mucho. La empresa es el motor de desarrollo de la sociedad desde el momento en que entrega trabajo formal, seguridad social y, en definitiva, proyecciones para que la gente pueda desarrollar su vida en forma digna, porque le permite desplegar todos sus talentos. Hay un rol social y espiritual de las empresas que no debe ser descuidado. Además, está súper probado que cuando la persona está tranquila dentro de su entorno laboral es mucho más productiva. La USEC ha sido visionaria desde siempre en contribuir a que la cultura empresarial ponga a la persona en el centro.

“El ser humano nunca debe ser un instrumento al servicio de la empresa o del trabajo, sino que el trabajo debe estar al servicio del ser humano. Y hoy el mundo empresarial tiene la oportunidad de demostrar que puede avanzar conjuntamente con la responsabilidad social”, añade.

“Lo primero es que las personas encuentren trabajo”

—Pero ese desafío del que hablas requiere también de políticas de Estado, porque el nivel de sueldos en Chile es bajo y no alcanza a cubrir todas las necesidades de la población en salud, educación o vivienda.

—Por supuesto. La política pública tiene que avanzar en esa dirección. Hay muchas cosas que pueden proporcionar las empresas de mayor tamaño, pero no las medianas y pequeñas donde todo es precario. El diseño de buenas políticas públicas que es muy importante, porque cuando se construyen a partir del populismo y del aplauso fácil, como el sueldo mínimo, el aumento de las cotizaciones con cargo al empleador, o las 40 horas, se encarece el costo de contratar formalmente y no se prevén mecanismos para poder contrarrestar esa alza. Para las pyme es más caro contratar formalmente y la gente no va a dejar de trabajar, sino que va a entrar a la informalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la formulación de las políticas laborales.

—¿Por qué consideras que esas políticas son populistas si el sueldo mínimo hoy es un poco más de 500 mil pesos? Asimismo, reemplazar un cargo al empleador por un descuento al seguro de cesantía es un costo que cae directamente en el trabajador y las 40 horas tendrán una aplicación gradual.

—Quizás me expresé mal. El tema es la responsabilidad en el diseño de las políticas públicas y que no redunde en que la contratación formal disminuya. Tampoco puede ser a costa de subsidios del Estado.

—¿Y cómo sería una política pública responsable sin subsidios? Porque Chile tiene una tremenda desigualdad y siempre aparece dentro de los peor calificados en ese ámbito entre los países de la OCDE.

—Lo primero es que las personas puedan encontrar un trabajo. Porque con las tasas de desempleo que conocemos de 9,6% en mujeres y de casi un 25% en jóvenes, la desesperanza es tremenda. Todo esto está absolutamente ligado al dinamismo económico que puede tener el país. Si las empresas no pueden generar puestos de trabajo el desempleo no va a encontrar cura. Eso implica que todos los incentivos de la política pública deben estar orientados a movilizar la inversión, especialmente entre las pyme que cumplen un rol fundamental en la creación de oportunidades laborales.

—¿En ese sentido, estás de acuerdo con la megarreforma del Gobierno que ya fue aprobada por el Senado?

—Me parece que es una iniciativa a favor de la inversión, el crecimiento y el empleo. Todavía requiere discusión legislativa para afinar bastantes detalles, porque abarca muchos aspectos.

—¿Cómo cuáles?

—Chile necesita un sistema tributario que vuelva a ser competitivo. Es importante entender que el mayor crecimiento va a incrementar la recaudación tributaria, que puede compensar en parte la menor obtención de recursos por la baja en el impuesto corporativo de un 27 a un 23%.

—Pero las inversiones tienen su tiempo de maduración, eso no se va a traducir automáticamente en una disminución de la desocupación.

—Efectivamente. Por eso son muy importantes las otras medidas que ha propuesto la mesa de reactivación laboral. Por ejemplo, el subsidio a través del Sence, que en un principio era para bastantes actividades, pero que ahora, por un tema de responsabilidad fiscal, sería sólo para las exportaciones de servicios. También hay otro paquete de medidas asociado al desempleo juvenil. Sin embargo, esta es una tarea que debe hacer conjuntamente el Gobierno con el sector privado, con el apoyo de la academia también, porque el tema laboral es un desafío país.

—¿Y cómo se combina eso con los recortes presupuestarios que se han hecho en todos los ministerios y que pueden afectar algunos programas sociales?

—El rol del Gobierno ahora es generar una reactivación de la economía y eso a nivel social puede ser difícil de entender. Porque todos los proyectos que ahora se están aprobando se empezarán a desarrollar el 2027 y muchos recién van a estar listos el 2030. Entonces, solo vamos a ver una recuperación del empleo en el segundo semestre del próximo año. Además, se necesitan programas de capacitación conectados con la realidad de los sectores productivos. Es importante fortalecer los sistemas de educación dual, hay que aumentar la participación laboral femenina y por eso es clave que se avance en el proyecto de sala cuna universal. También que se permita una mayor flexibilidad laboral en todos los ámbitos, desde el punto de vista de la jornada, de la modalidad presencial o híbrida y también en temas de corresponsabilidad. El gran conflicto es que los fondos del Estado no son infinitos. Y la ayuda tiene que ser eficiente. Se ha sabido que muchos programas no están cumpliendo sus fines, lo que requiere una mejor gestión de los recursos para que lleguen a quienes realmente los necesitan.

“Mi generación hace preguntas distintas”

—Uno de los aspectos que más se ha cuestionado de la reforma es la invariabilidad tributaria que se otorgaría a los nuevos proyectos de inversión, porque se cree que impediría cualquier cambio por parte de los próximos gobiernos.

—Me parece que la invariabilidad no hipoteca la potestad de las futuras autoridades, porque solo afecta a las inversiones que se van a efectuar en el período en que ésta se encuentre vigente. Lo importante es darle certeza al inversionista nacional y extranjero de que no va a venir un cambio político y modifiquen el régimen tributario. Para el inversionista, especialmente extranjero, la certeza tributaria es muy relevante, porque si no van a elegir a otros países de la región. La minería es el sueldo de Chile. Se estima que la demanda por cobre va a subir un 30% en los próximos años y se van a requerir inversiones por unos 500 mil millones de dólares de aquí al 2040. Y para que esa inversión no se vaya a Argentina o a Perú nosotros tenemos que tener incentivos.

—Tú eres especialista en materia ambiental y con frecuencia se suele plantear que las normas de protección del ecosistema son una traba al desarrollo de proyectos productivos. ¿Cómo lo vez tú?

—Mi punto de vista es que no son las normas ambientales por sí mismas las que generan burocracia o retraso en los permisos para nuevos proyectos, sino que la implementación de la gestión, porque es ejercida con discrecionalidad y en ocasiones con arbitrariedad. Eso se traduce a veces en estas esperas interminables, aumento de costos y una pérdida de certeza y de seguridad que afecta al inversionista titular del proyecto. Hay una dispersión institucional y poca coordinación entre los organismos con potestad ambiental. Hay que promover una rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sobre las otras instituciones. También es necesario dejar de ver la protección del medio ambiente y el crecimiento como conceptos antagónicos.

—¿Cómo hacemos eso?

—Chile tiene la oportunidad de construir un sistema ambiental que combine altos estándares con procesos claros, técnicos y oportunos. Pero el SEA actualmente solo te dice cuáles son los impactos negativos de un proyecto, pero no se considera el aporte positivo que hace esa iniciativa, cuánto empleo genera, cómo apoya a las comunidades, en circunstancias que todas esas situaciones deberían ser ponderadas al momento de decidir si se aprueba o no una inversión. Una muy buena medida que va en la dirección correcta es la ley marco de autorizaciones sectoriales que se aprobó el año pasado y que busca acelerar más o menos en un 70% la obtención de los permisos. También establece un mecanismo de invariabilidad regulatoria y —en una de las cosas que a mi más me gusta— digitaliza toda la operación para obtener los permisos. Es un desafío para el Ministerio de Economía la buena implementación de esta normativa.

—¿Y crees que hay una buena disposición de las empresas a trabajar con las comunidades?

—Sí, estoy convencida de eso, porque se hace un trabajo temprano con las comunidades donde va a operar un proyecto. Los mecanismos de participación ciudadana se están efectuando en forma anticipada, previo al ingreso del proyecto al SEA. Esa es la nueva tendencia cuando uno pretende hacer un megaproyecto, porque se busca crear relaciones de confianza en los territorios. Las comunidades no deben ser tratadas como un problema, sino como un activo estratégico y además te evitas el problema de la judicialización posterior. Las generaciones más jóvenes están muy conscientes de ello.

—A propósito de eso, al ser la consejera más joven de la Sofofa, ¿ves una diferencia de visiones entre los empresarios de tu generación y los más antiguos?

—Estoy consciente de que pertenezco a un rango etario distinto, lo que es un desafío y un privilegio. Me doy cuenta de que es una fortaleza para la sociedad, para las instituciones, para las empresas, porque las nuevas generaciones tenemos otras sensibilidades, hacemos preguntas distintas, contamos con otras experiencias; mientas que los que tienen más trayectoria contribuyen con otras cosas, como el conocimiento de los ciclos económicos, la visión de largo plazo. Por eso creo que la diversidad generacional es tremendamente valiosa. Es muy importante que siempre haya mucha comunicación, respeto y que exista una ponderación de que cada quien tiene algo que aportar.