La huelga, aun con reemplazo, sigue siendo efectiva y conducente a generar remuneraciones acordes con el aporte real de los trabajadores.

EN LO que ha pasado a ser su característica, el Gobierno, en relación a la legislación laboral, presiona por la pronta aprobación de regulaciones altamente costosas en términos de inversión, empleo y crecimiento, que momentáneamente generan alguna discusión al interior de la coalición, pero que -al igual que en anteriores reformas- espera que finalmente sean aprobadas sin cambios sustantivos por el bloque oficialista. 

El grado de confianza del ejecutivo en su capacidad de mantener alineada a la coalición oficialista queda bien ilustrado con los dichos de la ministra del Trabajo, quien, tras reintroducir indicaciones relativas al reemplazo interno de trabajadores en huelga, “adecuaciones necesarias” formalmente diseñadas y negociadas para satisfacer inquietudes de algunos senadores de la DC luego que disposiciones en este sentido del proyecto original de reforma habían sido rechazadas en la Cámara de Diputados, declaró que “en materia de huelga, compartimos que debe ser huelga efectiva y sin reemplazo de ningún tipo y eso consigna nuestra indicación”. “Algunos parlamentarios del PC y del PS han sostenido que puede haber riesgo de reemplazo interno. Nosotros creemos que no existe ese riesgo”, agregó. 

El fondo de la discusión, más allá de la crudeza con que la ministra consigna la poca acogida a los planeamientos de los senadores DC, que serán conminados a votar favorablemente un proyecto que no recogió sus inquietudes, tiene relación con visiones discrepantes sobre lo que constituye una huelga efectiva en lograr un trato equitativo para los trabajadores y deja en evidencia la escasa utilidad práctica de la mencionada indicación. 

La legislación laboral vigente, que considera reemplazo externo e interno de trabajadores en huelga, obliga al empleador a remunerar según la productividad de sus trabajadores. Cuando el reemplazo es posible, la huelga no paraliza la empresa, pero sí la obliga a incurrir en el costo de prescindir de sus trabajadores más productivos. Por esto, aun con reemplazo, la huelga sigue siendo efectiva y conducente a generar remuneraciones acordes con el aporte real de los trabajadores. Y, obviamente, si se considera equitativo que las remuneraciones reflejen la productividad de los trabajadores, esta regulación es perfectamente equitativa. 

En la visión alternativa, cuando no se acepta reemplazo externo (y más aún si también se rechaza el reemplazo interno) la empresa queda expuesta a tener que pagar remuneraciones muy en exceso de la productividad de sus trabajadores, lo que equivale a un impuesto, para evitar la paralización. Se trata de un impuesto definido por los trabajadores de la empresa, que opera en su propio beneficio, menos predecible, y altamente discriminatorio, en la medida que para empresas con uso intensivo de mano de obra puede resultar extremadamente gravoso. Y, en la medida que es un impuesto, afecta la inversión, el empleo y el crecimiento. 

La reforma laboral, que otorga al sindicato derechos monopólicos sobre la oferta laboral que enfrenta cada empresa, representa un gran retroceso para la productividad en la economía, para el crecimiento potencial de las remuneraciones en el país y para la capacidad del fisco para recaudar sus propios impuestos y hacer valer criterios nacionales de equidad a través del gasto social democráticamente definido. 

Publicación: La Tercera, miércoles 9 de marzo de 2016.
Foto: Revista Capital.