Chile acaba de vivir un nuevo cambio de mando. Y aunque esa imagen vuelve a recordarnos una fortaleza institucional que no conviene dar por descontada, también deja en evidencia una fragilidad que se ha ido profundizando con los años: el desgaste de las confianzas.

El nuevo Gobierno recibe un país que no sólo enfrenta urgencias en seguridad, crecimiento o migración. Recibe también una sociedad cansada, polarizada y golpeada por una sucesión de hechos que han debilitado la credibilidad de la política, de las empresas y de otras instituciones que, en distintos momentos, debieron estar a la altura y no lo estuvieron. Ese deterioro no es una sensación abstracta. Se expresa en la sospecha permanente, en la dificultad para creer en la palabra del otro y en la idea, cada vez más extendida, de que detrás de muchas decisiones hay interés particular antes que vocación de servicio.

Por eso, la reconstrucción de las confianzas no puede entenderse como un asunto secundario, ni como una consigna bien intencionada para adornar discursos. Es una condición de posibilidad para avanzar. Sin un mínimo de confianza compartida, el desarrollo se vuelve más frágil, la convivencia más tensa y la tarea de gobernar mucho más cuesta arriba.

Este problema, además, no es solo chileno. El Edelman Trust Barometer 2026 muestra que la crisis actual ya no pasa únicamente por la distancia frente a las instituciones, sino también por una creciente dificultad para confiar en quienes son distintos. Distintos en sus ideas, en sus valores, en su historia o en su manera de mirar el mundo. Cuando eso ocurre, la sociedad se repliega. Se achican los espacios comunes y se debilita la posibilidad de construir algo entre personas que no piensan igual, pero que igualmente comparten un destino.

En ese contexto, el rol de la empresa adquiere una relevancia especial. No porque esté exenta de errores, ni porque tenga por sí sola las respuestas, sino porque sigue siendo uno de los pocos espacios donde la confianza puede vivirse de forma concreta. Para muchas personas, la relación con su trabajo, con su empleador y con los equipos de los que forma parte es bastante más cercana y real que el vínculo que logran tener con otras instituciones más lejanas.

Esa cercanía impone una responsabilidad mayor. La empresa no puede reducir su papel a generar empleo, pagar sueldos o producir resultados. También está llamada a ser una comunidad donde las personas puedan desarrollarse con dignidad, ser respetadas en sus convicciones y sentirse parte de un proyecto que las considera en serio. Cuando eso ocurre, la empresa no solo aporta valor económico. Aporta cohesión, sentido de pertenencia y una experiencia concreta de confianza en medio de una sociedad fragmentada.

Lo mismo vale para el Estado. Reconstruir las confianzas exige instituciones que funcionen, que actúen con integridad y que sepan responder a las necesidades reales de las personas. Exige también políticas que hagan más humana la vida cotidiana y fortalezcan a las familias, especialmente en ámbitos donde todavía persisten obstáculos evidentes.

La confianza no se recupera de un día para otro. Mucho menos por decreto. Se reconstruye con coherencia, con rectitud y con una disposición sincera a ponerse al servicio del bien común. Ahí está uno de los grandes desafíos de este nuevo tiempo político. Y ahí también las empresas tienen una tarea ineludible.

Columna publicada en El Líbero el domingo 15 de marzo de 2025.