El último documento publicado por el grupo de laicos católicos cuestiona la ambigüedad de que sea una “nueva entidad pública autónoma” la que administraría el alza en las cotizaciones. A la luz de “los principios de bien común, subsidiariedad y solidaridad, así como de los valores de la propiedad privada, la libertad responsable, la justicia y la caridad”, no queda suficientemente justificada la necesidad de este nuevo ente.

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