12 Ago 2022

Lucía Santa Cruz: “Este listado enorme de derechos sociales, que pueden ser tutelados por la Justicia, son sencillamente una promesa de papel”

En el conversatorio organizado por USEC, la historiadora y directora de empresas dialogó con el arzobispo de Concepción, Mons. Fernando Chomali, y el consejero de USEC, Ignacio Arteaga, sobre la visión que inspira la propuesta de Constitución con respecto a los derechos fundamentales y cuáles son los principios y valores que echaron en falta del proyecto.

Este jueves 11 de agosto se realizó el cuarto encuentro del ciclo Café Con 2022: “Decidir en conciencia”, organizado por USEC, y que contó con la participación de la historiadora y directora de empresas, Lucía Santa Cruz, y el arzobispo de Concepción, Mons. Fernando Chomali, donde conversaron sobre “Derechos fundamentales, más allá del 4 de septiembre?”. La instancia fue moderada por el abogado Ignacio Arteaga, ex presidente y actual consejero de USEC.

Durante el inicio de la actividad, el Presidente de USEC, Francisco Jiménez, afirmó que “en USEC promovemos la gestión de empresas iluminadas por la enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia, orientándonos a la búsqueda del bien común como propósito última y colocando al hombre y su dignidad en el centro de todas nuestras decisiones. Nuestra aproximación a la discusión constitucional ha sido inspirada en ese marco”. 

Los derechos sociales dependen de la capacidad económica de los países

La historiadora y directora de empresas manifestó que, “a mi juicio, este listado enorme de derechos sociales, que pueden ser tutelados por la Justicia, son sencillamente una promesa de papel, porque si el país no es capaz de generar los recursos para mejorar la salud, la educación, la vivienda, esto va a ser humo”, agregando que, “el problema con la (propuesta de) Constitución es que en todas sus disposiciones económicas nos hace prever que el crecimiento económico, el aumento de la prosperidad que nos permitiría satisfacer estos derechos, son muy negativos para la posibilidad de alcanzarlos”. 

A continuación, el arzobispo de Concepción recordó que “este proceso constitucional no surge de una reflexión profunda, sino que es una medida práctica para terminar con un estallido social muy complejo que manifestaba lo que estaba viviendo mucha gente. Aquí no hay una reflexión profunda, sino que surge como una salida a una situación muy compleja que estábamos viviendo como país de demandas de muchos que no estaban consagradas en la vida de muchas personas”. 

Una Constitución “ideológica” y “de nichos”

Lucía Santa Cruz aseguró que “esta es una Constitución profundamente ideológica, que fue redactada (…) sin ninguna cesión a las aspiraciones o creencias del resto del país, y que refleja un objetivo muy claro de conducir al país hacia el socialismo estatal”. La Constitución, señaló la historiadora, “es, además, ideológica en el sentido de que” se basa “en la política de identidad: ellos mismos la han definido como una Constitución indigenista, feminista, ecologista”.

“Cuando leo la lista extensiva de derechos que la Constitución garantiza, yo me pregunto por qué los derechos en los cuales yo creo, y una parte importante del país cree, no están consagrados en la Constitución”, se cuestionó Santa Cruz. Explicó que algunas materias, como “el derecho de los padres a educar a sus hijos, la propia religión, la conciliación entre el derecho de la mujer “sobre su propio cuerpo” y “los derechos del no nacido”, entre otras, no caben en la decisión de la “soberanía popular”: “hay ámbitos que no pueden ser decididos ni por el Estado ni en una elección”, afirmó.

Mons. Chomali señaló que “entonces, esta Constitución –que, dicho sea de paso, tiene muchas cosas positivas– es una Constitución de nichos, es decir, es una suma de anhelos individuales o de grupos. Y detrás de esto hay una idea, que en mi opinión es discutible, que se creyó en algún minuto que la suma de muchos bienes particulares va a implicar el bien común. Y la verdad es que no es así, porque el bien común se construye con derechos, pero al mismo tiempo con deberes. Y evidentemente que ahí hay un problema, porque es imposible que las personas puedan obtener todo lo que la Constitución propone”.

Soluciones privadas a problemas públicos

El arzobispo de Concepción señaló que, a pesar de que “la doctrina social de la Iglesia no se pronuncia respecto de los sistemas políticos”, “nosotros apuntamos a valores prepolíticos y preéticos que tienen que ver con la naturaleza humana”, como la búsqueda de la verdad, el valor de la vida humana, familia y educación, sentido de la vida, y rol del Estado, entre otros. 

Por eso, señaló que “una de las cosas que echo en falta de la Constitución” es que “reconocer ese valor” del Estado “no se contrapone con el deber que tienen las personas y las asociaciones de organizarse”. “Entonces, esa conjunción entre el Estado, la propiedad privada, etc., debe permitir que haya una conjunción en el logro del bien común, sin ahogar las iniciativas personales, el emprendimiento, pero sin preocuparse de aquellas personas que no pueden participar de aquello”, sintetizó.

Santa Cruz agregó que “detrás de toda la discusión constitucional se ha mostrado una gran hostilidad hacia el principio de la subsidiariedad, pero es una subsidiariedad muy mal entendida: la subsidiariedad, como dice monseñor, no significa la eliminación del Estado”, sino “que cuando hay iniciativas privadas que pueden contribuir a la solución de problemas públicos, no tienen por qué ser eliminadas. Es la participación de la sociedad civil en la solución de problemas públicos que, mientras cumplan con todos los requisitos (…), deberían ser aplaudidos y no eliminados, porque una sociedad libre y solidaria requiere de una sociedad civil activa, de una organización intermedia entre el Estado y los individuos”, profundizó. 

“Me parece que en la Constitución hay muy poco espacio para la participación de los individuos, de las colectividades privadas, tanto en producir crecimiento económico, crear trabajo, como también participar activamente, por ejemplo, en la educación subvencionada, en proveer alternativas al SENAME, que tampoco son permitidas. En fin, el sector privado está siendo eliminado de todas sus posibilidades de contribuir a resolver problemas públicos, que el Estado solo se ha demostrado incapaz de poder resolver, como en cualquier parte del mundo”, concluyó.